Quien compró bots para cuenta de Instagram de Parra necesitó usuario y contraseña. ¿Ataque o acción interna? Policía espera denuncia

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Jorge Ricardo Parra, precandidato a la Gobernación del Quindío por el partido Cambio Radical, sostuvo mediante un video que agentes externos, las denominadas bodegas, compraron seguidores con el fin de sabotear su cuenta de Instagram. Pasó rápidamente de 1.434 a 11.500, pero los seguidores son falsos.

Parra no ha denunciado ante las autoridades esta acción, enmarcada en los denominados delitos informáticos: “conductas en que el o los delincuentes se valen de programas informáticos para cometer delitos como implantación de virus, suplantación de sitios web, estafas, violación de derechos de autor, piratería, etc.”.

La respectiva denuncia le permitiría a la Policía Nacional, a través de su grupo de delitos informáticos, llegar hasta el fondo del asunto y definir si se trató de un ataque o de una compra de bots por parte del equipo de comunicaciones del aspirante.

Si se comprueba que se trató de un ataque externo, las autoridades seguirán el hilo de la investigación hasta dar con los delincuentes, pero si la compra de los bots se hizo desde el seno de la campaña, el tema se tornaría más complejo, pues la denuncia del precandidato en redes sería falsa.

Sea uno u otro el hecho, la democracia en el Quindío está en riesgo, si, como lo expresó Parra, delincuentes informáticos tienen las herramientas para acceder a las cuentas de los actores políticos, o si se ha gestado un entramado de impacto en redes apelando a una farsa mediática. En ambos casos, quien haya comprado los bots tiene acceso al usuario y contraseña de la cuenta de Jorge Ricardo Parra Sepúlveda.

Este no ha demostrado con elementos probatorios que se tipificó un hackeo y se trató de un ataque. Si por el contrario fue una compra de paquetes de bots realizada por su equipo de comunicaciones o personas cercanas a su campaña, sus declaraciones estarían basadas en una serie de mentiras.

Si la acción fue interna, comprar bots, aunque es una falta ética, no es un delito, y como máximo quien cometió ese yerro será retirado del grupo; pero si fue alguien de afuera, como lo señala la Ley 1273 de enero de 2009, incurrirá en pena de prisión.

“El que sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en aparte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses, y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

¿Mintió Parra?, ¿dice la verdad? Por transparencia, la ciudadanía debe conocer los detalles de este proceso que apenas comienza, y que por asuntos de credibilidad debe hacerse de frente a la gente. Por el momento, Delitos Informáticos la Policía Nacional, espera la denuncia formal para dar con los delincuentes.