¡Increíble! Gobierno de Petro ofreció un edificio para estudiantes…, pero luego dijo que no era del Estado

El 24 de abril de 2024, el Ministerio de Educación Nacional, a través de un comunicado oficial, anunció la entrega del edificio Asturias en Armenia como sede de un proyecto de residencias estudiantiles para la Universidad del Quindío. El anuncio, hecho por el entonces ministro de Educación y presidente encargado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, fue celebrado por estudiantes, autoridades académicas y sectores sociales del departamento como un paso histórico en el fortalecimiento de la educación pública regional.

Como parte de la llamada Revolución Educativa impulsada por el Gobierno Nacional, Rojas Medellín hizo la entrega simbólica del inmueble —un bien incautado a estructuras mafiosas— asegurando que ahora sería destinado a garantizar un espacio digno y seguro para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. El acto fue presentado como una victoria institucional: un golpe contra el pasado violento y un paso hacia un futuro con más oportunidades.

El evento también fue escenario de otras entregas de bienes incautados en la región a diferentes organizaciones sociales, campesinas y sindicales, con el objetivo de impulsar el desarrollo rural y el comercio justo. El mensaje del Gobierno fue claro: transformar los símbolos de la violencia en oportunidades de vida, educación y justicia social. Todo muy inspirador… hasta que la realidad jurídica llegó a golpear la puerta.

Porque nada de esto resultó ser cierto en el caso del edificio Asturias. Meses después del anuncio, la propia SAE informó al gobernador del Quindío que el edificio aún no es propiedad del Estado, pues su anterior dueño mantiene un litigio activo para recuperarlo. En otras palabras, el bien sigue a nombre de un particular y su situación jurídica no está resuelta, lo que hace inviable legalmente cualquier inversión pública. Pero claro, ese pequeño detalle se les «olvidó» mencionarlo en abril.

Pese a haber avanzado en el diseño del proyecto con base en la información entregada por la SAE, la Gobernación se encuentra ahora con un grave obstáculo legal que impide continuar. Así lo explicó el Secretario de Planeación del Departamento, Luis Alberto Rincón, quien advirtió:
“Las entidades estatales tienen la prohibición legal y constitucional de hacer inversiones con presupuesto público en predios que aparezcan a nombre de particulares”. Básico, elemental, pero aparentemente olvidado por el Gobierno Nacional al momento de hacer su grandilocuente anuncio.

El propio gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, fue enfático en desligarse de la problemática, dejando en claro que la responsabilidad no recae sobre su administración:
“Si ese edificio no lo entregan a nosotros como Gobernación o a la Universidad del Quindío, haremos la inversión del caso. Pero si no está a nombre de ninguna de las dos, es imposible hacer una inversión. Eso no se puede hacer de acuerdo a la ley, y en la Gobernación del Quindío somos respetuosos de las normas y las leyes”, señaló. Pero aun así, algunos prefieren culparlo a él, como si el gobernador hubiera firmado papeles de la SAE o redactado el comunicado del Ministerio.

Una de las personalidades que más celebró este logro como propio fue la diputada del departamento Jéssica Obando, quien ha reiterado en múltiples escenarios que el Gobierno Nacional tiene un compromiso firme con la región. Sin embargo, esta situación va en contravía de lo afirmado por la integrante de la Duma, pues los hechos evidencian que hubo una grave falta de verificación y responsabilidad por parte de la misma institucionalidad nacional. Es difícil sostener un compromiso cuando ni siquiera se han asegurado los títulos de propiedad.

Como se evidencia, la situación presentada es culpa única y exclusivamente del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien a través de sus funcionarios hizo un anuncio sin sustento legal, generando falsas expectativas y frenando un proyecto que habría tenido un impacto directo en la vida de los estudiantes del Quindío. Lo que se vendió como símbolo de justicia y transformación, hoy no pasa de ser un trámite inconcluso y una promesa rota.

La expectativa generada por el anuncio oficial, ampliamente replicado por medios de comunicación nacionales y regionales, contrasta con la incertidumbre que hoy reina en torno al futuro del edificio Asturias. Un símbolo de la promesa educativa que, por ahora, no pasa de ser un anuncio sin sustento legal… y un recordatorio más de que en política, el show muchas veces va primero que la verdad.

Aquí Finito