¡Insólito! Audiencia fue aplazada otros 9 meses. El caso de Lagos de Iraka y la lucha por la transparencia en el sector constructor del Quindío

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La prolongada batalla legal de Adriana Franco y su esposo, José Romero, contra la Constructora Innova, en el proyecto Lagos de Iraka en Armenia, Quindío, es un ejemplo de la lucha de los compradores por obtener lo que les prometieron. Este caso pone en el centro de la discusión la falta de supervisión en el sector de la construcción, el prolongado proceso judicial y la sensación de desprotección de los consumidores ante los grandes intereses constructores. Pero, ¿a quién protege el sistema judicial y las autoridades locales? ¿Son suficientes los controles en Quindío para garantizar viviendas de calidad?

El pasado 21 de octubre, Franco fue informada de que la audiencia programada para el 30 de octubre de 2024 fue aplazada nuevamente. Ahora, la espera se extiende nueve meses más, hasta julio de 2025. Este nuevo aplazamiento eleva las preocupaciones y cuestionamientos: ¿es aceptable que una familia quindiana soporte retrasos tan extensos sin solución? ¿De qué sirve para los compradores la regulación si, en la práctica, el sistema permite que los procesos se demoren años?

Los problemas de la propiedad adquirida por Franco y Romero van más allá de detalles estéticos. Presenta un nivel freático elevado que provoca humedad y deterioro en las paredes. Además, el pozo séptico defectuoso no solo representa un riesgo de contaminación para los habitantes, sino que afecta el entorno natural. Con estos problemas en mente, la familia solicitó un reembolso completo y compensación por daños, ya que la inversión inicial no solo se devalúa, sino que afecta su patrimonio. La pregunta surge: ¿por qué las autoridades no exigen mayores garantías antes de permitir que estos proyectos salgan al mercado?

Las demoras en el caso se deben, según el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, a “problemas de salud, personales y laborales” del perito designado, el ingeniero Gabriel Lozano Sandoval, quien aún no ha entregado el dictamen pericial necesario. ¿Qué espera, ingeniero?

Estos retrasos generan frustración entre los demandantes y otros propietarios del conjunto residencial, quienes temen que el sistema continúe favoreciendo al constructor al extender el proceso sin límite. La familia Romero Franco no es la única afectada; varios propietarios de Lagos de Iraka han presentado denuncias similares, y la situación plantea preguntas serias sobre la efectividad y la integridad de los controles en la construcción en Armenia y el Quindío en general.

Para hacer frente a esta situación, los compradores han creado un grupo de WhatsApp donde comparten sus experiencias y coordinan acciones legales conjuntas. Una de sus principales preocupaciones es el cambio de uso de suelo de residencial a turístico, que planea implementar la constructora Innova, lo cual iría en contra de la normativa vigente.

¿Por qué se considera cambiar el uso de un proyecto residencial a turístico, y quién autoriza esta modificación? Diego Fernando Ramírez, subdirector de Planeación Municipal de Armenia, confirmó que dicho cambio no es legal. Sin embargo, las demoras en la intervención oficial generan dudas sobre si el proceso será efectivo o si se permitirá a la constructora continuar con sus planes, aun en detrimento de los residentes.

El caso ha llamado la atención del concejal Germán Grisales, quien defiende los derechos de los compradores y ha manifestado su preocupación por el impacto que tienen algunas constructoras en la imagen del gremio en Quindío.

Grisales ha señalado otros proyectos en Armenia, como Santa Sofía, Torre Sangenjo, Malasaña, Raval y otros, como ejemplos de construcciones que afectan a las familias por incumplimientos. La intervención del concejal ha sido clave para que este tipo de problemas lleguen a la agenda pública, pero queda la duda: ¿es posible frenar estas prácticas solo desde el concejo, sin apoyo judicial y municipal?

Mientras tanto, Franco, Romero y otros compradores afectados en el Quindío mantienen sus demandas y llaman a las autoridades a tomar acción. En la opinión de los compradores, la justicia y los procesos administrativos en el Quindío se muestran lentos y, en ocasiones, permisivos con los constructores, quienes con su músculo financiero podrían ejercer una influencia significativa en los procesos de verificación y sanción.

En palabras de los afectados, la lucha no es solo por sus derechos, sino por una revisión exhaustiva de las regulaciones en el sector de la construcción que permita evitar que lo que comenzó como un sueño de vivienda se convierta en una pesadilla de años y un reto financiero en busca de justicia.